Jueves, 4 de octubre de 2012

Este es un principio que debería tener todo el mundo claro, más aún en este país. En ningún otro país europeo se han planteado como medida anticrisis dispararse en el pie y eliminar o debilitar sus instituciones democráticas. A nadie se le ha ocurrido poner en jaque sus reglas de juego más elementales, las que hacen posible un Estado Social y Democrático de Derecho. Pero en España sí,  ya que la derecha pone en la picota instituciones básicas que no deberían estar en cuestión, todo ello con un cierto tufo a totalitarismo y, cuando menos, a democracia censitaria. Si la POLÍTICA con mayúsculas está en cuestión por culpa de los políticos que ostentan el poder y cultivan la falta de ética y la corrupción en las instituciones, si ponen en cuestión las autonomías (partidos como UPyD, incluso algunos dirigentes del PP, quieren que desaparezcan) si les sobran ayuntamientos, concejales, diputados, los sueldos de los diputados(mientras multiplican exponencialmente los políticos elegidos a dedo), si a las elecciones acudimos con las cartas marcadas cada cuatro años, y para más inri, la pluralidad política, la libertad, la justicia social y los parlamentos se deben ceñir a criterios de rentabilidad económica. ¿De qué estamos hablando? ¿Hacia dónde nos dirigimos?

¿Cómo es posible que los mismos que alentaron los pelotazos urbanísticos, la especulación y han permitido la corrupción, ya sea por activa o por pasiva, ahora nos obliguen a sacrificarnos para tapar sus agujeros de malos gestores, culpen a la política de ello y se sigan manteniendo en el poder o chupando del bote? ¿Hay que acabar con los ayuntamientos o eliminar de la circulación a políticos como el alcalde de Ourense? ¿Hay que dejar en la mitad el número de diputados en el parlamento valenciano o más acabar con los imputados y aquellos que los amparan? Fallan determinados políticos, pero no las instituciones democráticas y será un desastre para la mayoría de este país que por unos pocos políticos podridos, acabemos reduciendo a la nada nuestras instituciones básicas y principios constitucionales que deberían ser intocables, para que al final sean esos mismos los que se queden.

Ha declarado Francisco Cañizares, portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, que < gracias a las políticas puestas en marcha por el Gobierno del PP, la Cámara Autonómica es ya la más austera de España "pero lo tenemos que ser más, porque el sacrificio que se pide a los ciudadanos es mayor debido a que la situación de la que partíamos era la peor posible">. Si quieren ser más austeros, alcanzarán la perfección cerrando las  Cortes y evitando las elecciones. Lo dice el portavoz del Gobierno que se gasta 58 millones de euros en políticos elegidos a dedo, un 88% más que el año 2011 en la “alta dirección de la Junta”, mientras las Cortes tienen un presupuesto anual de 9,7 millones de euros.

El PP de Castilla-La Mancha basa su modelo de Estado en el coste o rentabilidad estrictamente económica de las instituciones. Se parecen demasiado a Artur Mas, que plantea una posible independencia de Cataluña en virtud de la conveniencia económica o rentabilidad que comporta formar parte del Estado español o no. Al fin y al cabo son los mismos perros con distinto collar, las dos caras opuestas del nacionalismo de derechas.

Plantea el PP la dicotomía, austeridad o Democracia. ¿Y por qué no calidad democrática, soberanía popular, pluralidad política, transparencia y ética en la gestión, reparto de escaños de forma proporcional al voto obtenido….. y además austeridad, incluso en tiempos de bonanza, limitando sueldos, políticos a dedo y poniendo límites, incompatibilidades  y fijando sueldos muy austeros? ¿Por qué no más diputados y menos sueldo? En realidad el PP quiere alejar del pueblo y de los trabajadores la política y las decisiones que afectan a su presente y futuro, para dejarlas en manos del gran patrono, de la oligarquía económica.

 ¿Quién podrá ser diputado o diputada en Castilla-La Mancha sin sueldo y con un puñado de electos? La respuesta, los más ricos, profesionales de la élite económica que se lo puedan permitir, sean útiles a determinados intereses a los que servirán, y solo si son del PP o del PSOE, el resto, el 95% de la gente, como decía aquel, ¡no os metáis en política, que ya me ocupo yo! Todo atado y bien atado.

Yo no tengo dudas, debemos caminar en dirección contraria, reforzar, pulir, mejorar la Democracia, lo contrario es un mal negocio para todos, no lo podemos permitir.

 Daniel Martínez Sáez

Coordinador regional de IU Castilla-La Mancha